La aprobación del Reglamento (UE) 2026/1739 supone un ligero avance para mejorar el equilibrio en la cadena alimentaria. Unión de Uniones señala la incorporación de algunas medidas que se alinean con sus propuestas, aunque considera que aún quedan reformas esenciales pendientes, tanto en la normativa europea como en la española.
Unión de Uniones, tras examinar los cambios introducidos por el Reglamento 2026/1739 en la normativa europea sobre la OCM de productos agrarios, considera que hay elementos que deben valorarse positivamente. No obstante, opina que esta reforma no es, desde luego, la solución para las graves disfunciones que afectan a la cadena alimentaria, ni mejora significativamente la posición negociadora de los productores.
Unión de Uniones valora que la revisión del reglamento incorpore medidas que se alinean en cierta medida con las propuestas defendidas por la organización durante la tramitación legislativa, al introducir la ponderación de los costes de producción en los precios, el derecho a exigir contrato escrito o la revisión obligada de los contratos de larga duración. Sin embargo, el reglamento permite dejar desprotegidos a todos los productores en operaciones de hasta 10.000 euros, no introduce disposiciones antirrepresalias en caso de denuncia por parte de los agricultores y ganaderos y sigue sin definir la posición de dominio en el mercado alimentario. Particularmente, esta última medida habría permitido combatir con mayor eficacia las situaciones de abuso de poder negociador que siguen sufriendo muchos productores frente a operadores de mayor dimensión.
Unión de Uniones señala que el reglamento «no cumple ni con su título», relativo al refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. De hecho, en varios aspectos es menos protector del sector productor que la propia Ley 12/2013 española. «Si con una ley que es más exigente que el reglamento comunitario estamos como estamos, ya ves tú para qué va a servir en realidad el reglamento», apuntan desde la organización.
No obstante, sí es cierto que la nueva norma europea abre la oportunidad de mejorar el marco jurídico español en algunas cuestiones, como el reconocimiento del derecho del productor a contar en cualquier caso con un contrato escrito, la introducción de la cláusula de revisión en contratos de más de 12 meses, reforzar las reglas aplicables para determinar los costes productivos con referencias o indicadores y no solo con costes individuales, o establecer mecanismos de mediación en los contratos.
Por ello, Unión de Uniones, aun siendo consciente del complicado momento político que atravesamos, elaborará próximamente un conjunto de propuestas dirigidas al Gobierno y a las fuerzas políticas para adaptar la legislación española al nuevo Reglamento europeo, incorporando aquellas medidas que permitan mejorar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la nueva regulación. «Los problemas que tengan los políticos no nos valen de excusa para que no tengan tiempo de ocuparse de los problemas que tenemos los ciudadanos», concluyen.
