El campo español ha dejado de hablar de campañas buenas o malas para empezar a hablar de supervivencia. En 2026, la cuenta es cada vez más difícil de cuadrar: producir cuesta más, el riesgo es mayor y el margen, en muchos casos, apenas alcanza para sostener la actividad.
Por María Ángeles Camacho Ruiz
Uno de los elementos más inmediatos es el repunte de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística confirmó el 14 de abril que el IPC de marzo se situó en el 3,4 %, más de un punto por encima del mes anterior, impulsado en gran medida por el encarecimiento de los combustibles y la electricidad. Para el sector agrario, esta subida tiene un impacto directo sobre el gasóleo, el transporte, la maquinaria o los sistemas de riego, elementos esenciales en cualquier explotación.
Rentabilidad en retroceso
En este contexto, las organizaciones agrarias vienen alertando de un deterioro progresivo de la rentabilidad. Desde COAG advierten de que “los costes de producción siguen creciendo por encima de los precios en origen, lo que reduce de forma constante el margen del agricultor”. En la misma línea, desde UPA subrayan que “cada campaña exige más inversión, pero no siempre se traduce en ingresos suficientes para sostener la actividad”.
La inestabilidad internacional añade una nueva capa de incertidumbre. La escalada de tensión en Oriente Medio ha encendido las alarmas en el sector agrario europeo. Copa-Cogeca ha reclamado a la Comisión Europea una respuesta “urgente y coordinada” ante el impacto que el conflicto puede tener sobre fertilizantes y energía, dos pilares básicos de la producción agraria. La preocupación es clara: cualquier alteración en estos mercados globales se traslada de forma casi inmediata a los costes de las explotaciones.
Ese encarecimiento ya es una realidad. Fertilizantes, combustibles y otros insumos estratégicos han experimentado subidas en los últimos meses, tensionando aún más unas cuentas que ya venían ajustadas. Para muchos productores, la ecuación se repite campaña tras campaña: mayores costes para producir, con precios que no siempre compensan ese esfuerzo.
El clima agrava el desequilibrio
A esta presión económica se suma un factor que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural: el riesgo climático. Las tormentas, las olas de calor, los episodios de sequía o las lluvias intensas fuera de calendario están alterando los ciclos productivos y reduciendo rendimientos. En este contexto, el seguro agrario ha ganado peso como herramienta de protección, reflejo de una actividad cada vez más expuesta a fenómenos extremos.
El malestar del sector ha vuelto a trasladarse a la calle en los últimos meses. Las movilizaciones agrarias evidencian que la tensión no ha desaparecido. Agricultores y ganaderos denuncian no solo el aumento de costes, sino también la presión normativa, la incertidumbre sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y la competencia de terceros países. “No es solo una cuestión de precios, es la sensación de trabajar sin margen y sin certezas”, apuntan fuentes del sector.
En este escenario, el campo español continúa desempeñando un papel estratégico en la economía y en el abastecimiento alimentario. Sin embargo, lo hace con un equilibrio cada vez más frágil. Detrás de cada explotación hay una estructura de costes en aumento, una inversión creciente y una incertidumbre constante.
El problema no responde a un único factor, sino a la suma de todos ellos. Inflación, energía, fertilizantes, clima, mercado y regulación confluyen en un mismo punto: la rentabilidad. Y cuando esa rentabilidad se reduce de forma sostenida, lo que está en juego no es solo una campaña concreta, sino la continuidad de muchas explotaciones y el relevo generacional en el campo.
