Las políticas europeas han situado la sostenibilidad en el centro de la producción hortofrutícola. ¿Está realmente preparado el sector para asumir este cambio profundo en lo medioambiental, social y económico?
Por Julia Álvarez García, Periodista
En los últimos años, la palabra sostenibilidad ha dejado de ser un ideal para convertirse en un imperativo transversal que abarca normativas, planes estratégicos, campañas institucionales y modelos de producción. En el sector hortofrutícola, esto se traduce en límites sobre el uso de pesticidas, exigencias de eficiencia energética y gestión del agua, normas que buscan equilibrar impactos económicos, ambientales y sociales.
Productores y comercializadores coinciden en que la aplicación práctica de estas regulaciones no siempre es clara. Adaptarse supone costes y cambios operativos significativos, y la rapidez con la que se exige la transición añade un desafío adicional: cumplir con los plazos europeos puede ser complicado para muchas explotaciones, generando dudas sobre su viabilidad.
España produce cerca de 7 millones de toneladas de frutas y hortalizas al año, más del 60 % destinadas a la exportación. Con la creciente presión de la normativa europea, el sector se pregunta hasta qué punto estas reglas son aplicables y si cuentan con los recursos y capacidades necesarios para afrontar la adaptación hacia prácticas más sostenibles.
“La transición hacia prácticas sostenibles ha llegado para salvar una situación en el campo que ya era insostenible. El consumidor ya no veía aquellos productos como saludables ni seguros. Y sí es cierto que la evolución hacia prácticas más sostenibles ha sido un aspecto beneficioso y sostenible para el campo, pero en términos de normativas, la duplicidad de normas y la falta de claridad en la regulación hacen que muchas veces este cambio se perciba más como una imposición que como un apoyo al productor”, explica Roque García Simón, vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua de UPA Andalucía.
Los propios agricultores han reconocido que el impulso de estas prácticas resulta beneficioso tanto para la naturaleza como para la producción agrícola. Estas transformaciones incluyen la adopción de técnicas como la lucha biológica o métodos de cultivo alternativos, que reducen el uso de fitosanitarios y otros productos nocivos para la salud.
Certificarse para no quedarse fuera del mercado
Sin embargo, la adopción de modelos sostenibles también conlleva desafíos económicos y de mercado. La introducción de certificaciones permite que los productos con ciertos estándares sean valorados y comercializados, incluso si no cumplen con criterios estéticos tradicionales. Aun así, las explotaciones que quedan fuera de estos sistemas de certificación corren el riesgo de perder acceso a determinados mercados. En muchos casos, la adopción de prácticas sostenibles no surge únicamente de un compromiso ecológico, sino de la necesidad de cumplir con los requisitos del mercado y garantizar la comercialización de los productos.
Tras esa percepción de que muchas de las exigencias sostenibles se sienten como una imposición, surge la certificación como herramienta de diferenciación en el mercado. En este terreno, ZERYA defiende que la sostenibilidad “no se trata de una moda, sino de un cambio de mentalidad definitivo y que además exige una evolución permanente”, según Javier Arizmendi Ruiz, COO de ZERYA.
En sus inicios, la sostenibilidad en el sector hortofrutícola se percibía como una exigencia del mercado impuesta por la gran distribución: “si quieres venderme, debes tener este sello”. Con el paso del tiempo, la experiencia ha demostrado que los cultivos libres de residuos de pesticidas no solo responden a esa demanda, sino que generan frutas de mayor calidad, con más vida útil y, en consecuencia, más rentables.
Es ahí donde la sostenibilidad deja de ser un coste y se convierte en una inversión estratégica. Pasa de ser un «tengo que» a un «quiero hacer esto porque es bueno para mi negocio», señala Arizmendi.
Algo que también confirman desde UPA. “Muchas explotaciones no buscan la sostenibilidad porque quieran ser ecológicas, sino porque saben que sin esa certificación se quedan fuera del mercado”, apuntan.
Asimetría normativa y sobrecostes frente a importaciones
Esta presión en la industria se ve reforzada por un entorno normativo que, según advierte Alfonso Zamora Reinoso, gerente de ECOHAL Andalucía, no siempre tiene en cuenta la realidad de las explotaciones. Las decisiones tomadas “desde el desconocimiento de la aplicación práctica” generan “competencia desleal, burocracia, incremento de costes y pérdida de competitividad”, un problema que se acentúa en España, donde ciertas leyes nacionales —como el Cuaderno de Campo, la Ley de Envases, el impuesto al plástico o la Ley de Desperdicio Alimentario— se implementan antes que en el resto de Europa, dejando a los productores en una posición complicada frente a otros países europeos o extracomunitarios.
En esa misma línea, Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de COEXPHAL, apunta que el esfuerzo del sector europeo, por cumplir con los reglamentos de sostenibilidad no siempre se traduce en ventajas competitivas. “Ya estamos cumpliendo con esos requisitos; lo que pedimos es que también se les exijan a los productos de terceros países. De lo contrario, trabajamos en clara desventaja y con una carga burocrática que encarece aún más nuestros costes de producción”, explica. Las organizaciones de productores llevan tiempo denunciando que, mientras Bruselas eleva las exigencias internas, la entrada de frutas y hortalizas de fuera de la UE no siempre cumple con los mismos estándares, creando una asimetría normativa que complica la competitividad y añade presión a estructuras de costes ya ajustadas.
“En cuanto a la normativa de sostenibilidad europea del último año, nosotros ya cumplíamos con estos estándares”, explican desde COEXPHAL. “Lo que sí ha ocurrido es que ha aumentado la burocracia y la fiscalización de nuestras producciones. No estamos en desventaja per se, pero pedimos que su cumplimiento se exija de forma equilibrada y con menos carga administrativa, para no agravar los costes frente a productos de terceros países”.
Según Eurostat, más del 30 % de las frutas y hortalizas que entran en la UE provienen de fuera del bloque comunitario, muchas veces sin cumplir los mismos estándares de certificación y trazabilidad que los impuestos a las producciones nacionales.
En este contexto, la sostenibilidad en el sector hortofrutícola debe abordarse de manera integral, incluyendo aspectos ambientales, sociales y económicos. Desde ECOHAL advierten que la laxitud con la que se aplican estos estándares a los productos procedentes de terceros países pone en jaque la competitividad de las explotaciones españolas. Según la organización, “si esto sigue así, en un futuro próximo tendremos un sector agrícola europeo de escaparate, muy sostenible, pero que no será con el que nos alimentemos”.
Apostar por una sostenibilidad real, cumpliendo al 100 % con criterios ambientales, sociales y económicos, es imprescindible. Sin embargo, desde el sector señalan que la falta de homogeneidad global en las exigencias obliga al sector español a equilibrar calidad, rentabilidad y competitividad, muchas veces generando “competencia desleal y presión sobre los costes”, como advierten desde UPA.
La sostenibilidad como exigencia social
El auge de la sostenibilidad no solo responde a la adopción de normativas y certificaciones; también refleja un cambio en el comportamiento del consumidor. La distribución comercial ha exigido una mayor sostenibilidad, y el sector se ha adaptado a estas demandas. Esta relación directa con las cadenas de supermercado se ha vuelto clave: el mercado dicta cómo cultivar y qué requisitos cumplir. Como recuerda Coexphal, “trabajamos codo a codo con las cadenas de supermercado, que nos marcan cómo cultivar y cuáles son los requisitos que debemos cumplir para poder comercializar nuestros productos”.
La creciente demanda de productos más respetuosos con el medio ambiente, con trazabilidad garantizada y embalajes sostenibles, obliga a las explotaciones y a las empresas comercializadoras a adaptarse para no quedar fuera del mercado.
En este escenario, los consumidores se han convertido en actores decisivos. La sostenibilidad ya no es únicamente un requisito legal, sino una exigencia social que orienta la producción, el embalaje y la trazabilidad de los productos hortofrutícolas. Como subraya ECOHAL, “la demanda social de productos sostenibles siempre se ha canalizado a través de la distribución, y ésta siempre ha ido por delante de la UE. Ha sido la distribución comercial quien nos ha exigido ser más sostenibles y nos hemos adaptado”.
“Trabajar conjuntamente con las cadenas de supermercado permite al sector obtener información y orientación directa del mercado, ajustando su producción a la demanda real”, comenta Roque García Simón, de UPA. Este enfoque colaborativo con los consumidores se perfila como un elemento estratégico para la competitividad futura del sector hortofrutícola, asegurando que no sea solo un requisito formal, sino una práctica efectiva y rentable.
Aun así, la pregunta persiste: ¿es la sostenibilidad realmente sostenible para el sector?
La evidencia sugiere que, aunque las prácticas sostenibles aportan beneficios ambientales y mejoran la calidad del producto, su implementación plena enfrenta importantes limitaciones en la actualidad.
La sostenibilidad en el sector hortofrutícola no es, por tanto, un camino uniforme ni garantizado. Su viabilidad depende de un equilibrio delicado entre regulación, mercado y demanda social. Las explotaciones que logran integrar estas dimensiones de forma efectiva consiguen ventajas competitivas y productos de mayor calidad. Sin embargo, aquellas que no pueden asumir los costes o adaptarse a la normativa se enfrentan a riesgos significativos.
El sector hortofrutícola ya ha trasladado su mensaje de cara a la nueva PAC 2028-2034: para que la sostenibilidad sea realmente eficaz y duradera, las políticas europeas deberán diseñarse con un conocimiento profundo de la realidad del campo, armonizando criterios globales y asegurando que la transición hacia prácticas sostenibles sea viable económicamente para todos los productores. Solo así el sector podrá avanzar hacia una sostenibilidad real, tangible y rentable, y no quedar limitada a un escaparate normativo o comercial.
Artículo de opinión publicado en la revista ECA Fruits Ed. 27
Revista ECA Fruits Ed. 27
