Unión de Uniones de Agricultores, con el fin de ordenar el sector y reforzar los instrumentos de incorporación de jóvenes, pide hacer una revisión de la ley de modernización de las explotaciones agrarias formulada en 1995 para adaptarla al presente escenario
Unión de Uniones, ante la consulta pública lanzada por el MAPA de una futura ley denominada “de agricultura familiar”, considera que se debe y se puede avanzar mucho más rápido “porque una parte del trabajo ya está hecho”. La organización recuerda la profusa regulación afectante al sector agrario ya existente, por lo que la futura ley debería tener como objetivos fundamentales facilitar el relevo generacional en el sector y poner en el centro de las políticas agrarias al agricultor y ganaderos profesional. Desde ese punto de vista la organización recuerda que la Ley 19/1995, de Modernización de las explotaciones agraria sigue en vigor, aunque su aplicación necesita ser actualizada al nuevo escenario social, económico y político. No obstante, para Unión de Uniones sus objetivos siguen siendo totalmente válidos. “La Ley persigue constituir explotaciones viables, establecer prioridades en las políticas agrarias en favor de los profesionales, movilizar el mercado de la tierra, facilitar el crédito y favorecer la incorporación de jóvenes al sector… lo que hay que hacer es desempolvarla, traerla al momento actual y dotarla de recursos presupuestarios”, señalan desde la organización.
La organización señala que, en los 30 años transcurridos desde la publicación de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, el escenario ha cambiado y los agricultores y ganaderos profesionales están ahora expuestos a amenazas y desafíos no existentes en aquel entonces, como la entrada en el sector de fondos de inversión, la competencia en un mercado global o las mayores exigencias éticas. Ello hace necesaria una revisión de los umbrales y de los factores singulares a tener en cuenta para determinar a qué tipo de explotaciones se enfocan los apoyos públicos, además de actualizar los mecanismos de colaboración con las CCAA y la relación de beneficios de la ley y las herramientas para facilitar el relevo generacional. “Ya sabemos que una parte del abanico de ayudas es competencia de la UE o de las administraciones regionales; pero existe mucho margen en la ley para establecer beneficios o tratamientos especiales en favor de las explotaciones prioritarias, en materia fiscal, costes laborales y de seguridad social, simplificación administrativa y ayudas estatales” apuntan desde Unión de Uniones.
Por eso Unión de Uniones es partidaria de actualizar la ley actual en lugar de tratar de poner en marcha una nueva posible nueva ley de “agricultura familiar, de la que no nos convence ni el nombre, porque es bastante confuso a que se refiere y preferiríamos que, en todo caso, se denominase Ley de Agricultura Profesional y del Joven Agricultor”.
En todo caso, la organización participará constructivamente con sus propuestas en los debates que el Ministerio abra sobre dicha ley y en el posterior trámite parlamentario, si se produce, con los diferentes grupos políticos, pero no quiere que suceda como con otro gran proyecto socialista, en época de Rodríguez Zapatero, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, que “está ahí, en el cajón, porque nació ausente de colaboración entre las administraciones afectadas y de fondos para ponerla realmente en marcha. Si apreciamos que se pretende tener entretenido al sector en un debate estéril lo vamos a denunciar”, concluyen.
