La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU han solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que investigue el origen de determinados productos agrícolas comercializados en España bajo la indicación de procedencia israelí.
Ambas organizaciones han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo después de detectar indicios de que algunas frutas y hortalizas podrían proceder de asentamientos israelíes situados en el territorio palestino ocupado. De confirmarse, estos alimentos habrían llegado al mercado español sin que su procedencia real quedara identificada en el etiquetado.
La petición se apoya en el informe Importando la Ocupación, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, y en informaciones periodísticas recientes. COAG y CECU consideran que los indicios reunidos justifican la apertura de actuaciones inspectoras, aunque por el momento no consta que las administraciones hayan confirmado la existencia de irregularidades.
La denuncia pone el foco en la trazabilidad
COAG y CECU han pedido que se compruebe la trazabilidad de los productos, se identifique a los operadores que pudieran estar implicados y se determine si las indicaciones incluidas en los envases ofrecen una información veraz a los consumidores.
Las organizaciones también reclaman que se revise la validez de las certificaciones fitosanitarias y ecológicas utilizadas en estas operaciones. Si se acreditaran incumplimientos, solicitan la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores.
Según los datos aportados en la denuncia, España importó en 2025 un total de 43.825 toneladas de patatas procedentes de Israel, valoradas en 26,59 millones de euros, y cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por un importe aproximado de 17 millones. COAG y CECU señalan que las frutas, las hortalizas y las semillas concentraron el 81 % de las importaciones españolas de productos israelíes. Estas cifras reflejan el conjunto del comercio declarado con Israel, pero no permiten determinar por sí solas qué volumen podría proceder de asentamientos.
Una prohibición vigente en España
La denuncia solicita comprobar si las operaciones investigadas podrían haber incumplido el Real Decreto-ley 10/2025. Su artículo 3 prohíbe importar en España productos originarios de asentamientos israelíes situados en el territorio palestino ocupado.
Para aplicar esta medida, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone de un listado oficial de localidades y códigos postales correspondientes a estos asentamientos. La normativa obliga al declarante a consignar tanto la localidad como el código postal de origen, ya que la localización geográfica precisa resulta determinante para autorizar o impedir la entrada de la mercancía.
La legislación europea también diferencia entre los productos originarios de Israel y los obtenidos en los territorios ocupados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en 2019 que los alimentos procedentes de estos territorios deben indicar su lugar de origen y, cuando hayan sido producidos en un asentamiento israelí, reflejar también esa circunstancia. Una referencia limitada a Israel podría inducir a error al consumidor.
COAG sostiene que una identificación incorrecta no solo afectaría al derecho de los compradores a conocer la procedencia de los alimentos, sino que también podría generar una distorsión competitiva frente a los productores sujetos a las exigencias europeas de producción, control y trazabilidad.
Por su parte, CECU ha defendido que disponer de información veraz sobre el origen permite adoptar decisiones de compra informadas. Las dos entidades esperan ahora que Consumo investigue los hechos denunciados y determine si los productos señalados han entrado y se han comercializado en España conforme a la legislación vigente.
