La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) acusa a British Sugar —filial de Associated British Foods (ABF), el mismo gigante empresarial propietario de Primark— de aplicar en España una estrategia industrial que, según advierte, está llevando al “borde de la desaparición” al sector remolachero del norte del país.
La organización denuncia que la compañía ha decidido cerrar la molturación en las plantas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León), trasladando toda la producción a la fábrica de Toro (Zamora) y reduciendo los precios que paga a los agricultores a niveles “ilegales” por situarse muy por debajo de los costes de producción.
Precios un 40 % más bajos y transporte a 250 km: un “golpe” al cultivo
COAG sostiene que British Sugar plantea abonar 36–37 euros por tonelada, cuando los costes reales del cultivo rondan los 44–45 euros/t, y alerta de que la oferta para la próxima campaña podría desplomarse hasta 18–20 €/t, cifras que la organización califica de “insostenibles” y de “abuso de posición dominante”.
El traslado obligatorio de la remolacha hasta Toro, a unos 250 kilómetros, añade un sobrecoste que, según los agricultores, terminará repercutiendo en la rentabilidad de las explotaciones. Esta combinación de factores está acelerando el abandono del cultivo: la superficie sembrada en la zona norte ha caído ya de 30.000 a 20.000 hectáreas en la campaña actual.
“Cada camiseta de 5 euros tiene un precio oculto: el futuro de las familias remolacheras del norte de España”, lamenta el responsable del sector en COAG, Javier Briñas, que acusa a ABF de “presumir de responsabilidad social” en el negocio textil mientras “descapitaliza el medio rural”.
De 90 fábricas a una sola: una crisis estructural
La organización subraya que el cierre en Miranda y La Bañeza se suma al cese definitivo de la actividad en la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz), anunciado hace apenas dos meses, lo que representa la desaparición de más de un siglo de actividad agrícola e industrial en el sur del país.
Con estos movimientos, España pasa de contar con 90 fábricas azucareras a depender de una sola: la de Toro. COAG alerta de que esta concentración agrava la pérdida de empleo rural, valor añadido y soberanía alimentaria.
A esta situación se añade el auge de las importaciones de caña de azúcar, que han crecido un 33 % en la última década, alcanzando 1,4 millones de toneladas en 2023, según datos del Ministerio de Agricultura y de Statista. La posible entrada en vigor del acuerdo comercial UE–Mercosur podría intensificar esa tendencia, dada la enorme capacidad exportadora de Brasil.
Además, COAG recuerda que Azucarera —la marca operada por ABF en España— ha invertido 42 millones de dólares en Paraguay, lo que considera una señal inequívoca de deslocalización industrial.
“Un pijama barato no puede pagarse con la desaparición de un cultivo histórico”
La organización acusa a ABF de trasladar a los agricultores los costes de su reestructuración internacional. “Un pijama barato no puede pagarse con la desaparición de un cultivo histórico”, ha señalado Briñas, denunciando la incoherencia entre los discursos corporativos de sostenibilidad y el efecto real sobre el territorio rural.
COAG llevará los contratos a la AICA y pide la intervención del Ministerio
Ante este escenario, COAG ha anunciado que denunciará los contratos por debajo de costes ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Asimismo, reclamará al Ministerio de Agricultura que supervise de cerca la actuación de British Sugar y establezca medidas para proteger a los productores.
“El low-cost no puede convertirse en ‘campo-cost’. No vamos a permitir que decisiones tomadas en despachos de Londres hundan a las familias remolacheras del norte y del sur de España”, concluye Briñas.
