La vendimia comienza en Cataluña con una mayor presión inspectora sobre las relaciones comerciales entre los viticultores y las empresas compradoras de uva. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha reforzado los controles para comprobar que los contratos se ajustan a la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar irregularidades en la fijación de las condiciones de compra.
Las actuaciones se concentran en los contratos de uva destinada a la elaboración de vino y cava y se desarrollarán de oficio, según informó el Gobierno catalán el 12 de agosto. Su puesta en marcha responde al malestar trasladado por las organizaciones agrarias ante la posibilidad de que se estén produciendo prácticas abusivas coincidiendo con el inicio de la campaña.
El refuerzo de la vigilancia llega en uno de los momentos más sensibles para el viticultor. Es ahora, con las primeras entregas de la cosecha, cuando se concretan precios y condiciones que determinarán buena parte de la rentabilidad obtenida después de todo un año de trabajo en el viñedo.
Contratos ajustados a la Ley de la Cadena
La actuación de la Generalitat se dirige a verificar que los contratos de compraventa cumplen las obligaciones recogidas en la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La norma exige formalizar por escrito las operaciones cuando concurren los supuestos establecidos y obliga a incluir el precio que debe abonarse, que puede fijarse mediante una cantidad determinada o a partir de criterios objetivos, verificables y expresamente recogidos en el contrato.
La legislación también establece un principio esencial para preservar el valor del producto: cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción asumido por este. En el caso de la vendimia, esta obligación sitúa el cálculo de los costes del viticultor en el centro de la negociación con bodegas y otros compradores.
No basta, por tanto, con disponer de un documento firmado. El contrato debe reflejar con claridad las condiciones pactadas y permitir comprobar cómo se ha determinado el precio. Esta trazabilidad contractual resulta especialmente relevante en un mercado condicionado por el volumen de producción, las existencias de vino, la demanda y la distinta capacidad negociadora de los operadores.
El coste efectivo de producción, referencia obligatoria
El Departamento de Agricultura recuerda que conocer los costes de producción permite al agricultor afrontar la negociación con el siguiente eslabón de la cadena y valorar la eficiencia de su explotación. Para facilitar ese cálculo, mantiene a disposición del sector diferentes herramientas e informes, entre ellos estudios específicos vinculados a la uva para cava y a la elaboración de vino base.
Estas referencias pueden orientar al productor, pero el coste efectivo debe responder a las características y circunstancias concretas de cada explotación. En él intervienen partidas como la mano de obra, la maquinaria, los tratamientos, la energía, el agua, los seguros o la amortización de las inversiones, entre otros gastos necesarios para obtener la cosecha.
El precio acordado debe sustentarse, en consecuencia, en elementos objetivos que permitan acreditar el cumplimiento de la ley. La prohibición de destruir valor en la cadena pretende impedir que el desequilibrio negociador entre las partes termine trasladándose al viticultor mediante precios que no cubran el esfuerzo económico necesario para producir la uva.
Inspecciones ante posibles prácticas abusivas
La Generalitat no ha comunicado cuántas inspecciones llevará a cabo ni durante cuánto tiempo mantendrá este dispositivo reforzado. Sí ha precisado que los controles se centrarán en los contratos de compraventa de uva para vinificación y cava y en su adecuación a la normativa estatal.
La iniciativa coloca bajo una vigilancia especial las operaciones realizadas al comienzo de la vendimia, cuando la necesidad de entregar un producto perecedero y la proximidad de la recolección pueden reducir el margen de negociación del agricultor.
El resultado de las inspecciones permitirá comprobar si las condiciones formalizadas entre productores y compradores respetan las garantías introducidas por la Ley de la Cadena Alimentaria. Para el viñedo catalán, el alcance real de este refuerzo no dependerá únicamente del número de controles, sino de su capacidad para detectar incumplimientos y asegurar que el precio de la uva se construye desde el primer eslabón sin destruir valor.
