Como parte del proceso jurídico de la demanda colectiva sobre maíz genéticamente modificado (GM), Monsanto, las empresas y las dependencias gubernamentales involucradas en el juicio presentaron ya ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal los argumentos y pruebas sobre la conveniencia de revocar la suspensión temporal que prohíbe a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) revisar nuevas solicitudes de permisos para la liberación de maíz GM y el otorgamiento de nuevos permisos.
Entre los argumentos presentados por las empresas y dependencias gubernamentales existen coincidencias sobre los perjuicios que dicha suspensión genera, no solo para las empresas, sino para los agricultores y para el país y que están siendo un obstáculo para el desarrollo de la agricultura en México.
De continuar la suspensión, se limitaría la investigación en biotecnología agrícola que llevan a cabo universidades públicas y privadas, institutos financiados por el Gobierno Federal, organizaciones civiles, científicos independientes y empresas que tienen actividad en el país.
Además, se impide el desarrollo tecnológico de las herramientas que los agricultores mexicanos pueden emplear para ser más productivos. Así mismo se restringe su derecho a escoger qué tecnología emplear en sus cultivos, con base en sus intereses y necesidades, para producir alimentos nutritivos y seguros para los consumidores.
Aun cuando México es centro de origen y diversidad genética del maíz, cada año importa un promedio de 10 millones de toneladas de maíz (del cual más del 80% es genéticamente modificado). Esto equivale aproximadamente a 40 mil millones de dólares, cantidad que reciben agricultores de otros países cuando podría beneficiarse a productores mexicanos. La medida vigente, aleja a México de su objetivo de alcanzar la autosuficiencia en producción de maíz, por lo que continuaría la dependencia de las importaciones para garantizar el abasto nacional.
Los beneficios de la biotecnología expuestos ante el Juez, muestran que esta tecnología reduce el uso de productos para el cuidado del cultivo como pesticidas y fertilizantes, incrementa la productividad y rentabilidad de los cultivos, además de elevar la competitividad de los agricultores.
La biotecnología también ha registrado beneficios en el cuidado del medio ambiente toda vez que contribuye a la disminución en el consumo de agua, permite un menor uso de combustibles como el diésel en los tractores y el ahorro de energía, ofrece la resistencia de los cultivos a plagas y condiciones ambientales extremas como heladas y sequías. Todo lo anterior, permite una agricultura más sustentable.
Uno de los argumentos más sólidos presentados al Juez es que está comprobado que los organismos GM son seguros para el consumo (inocuos) ya que fueron evaluados conforme a Ley, bajo los más altos estándares científicos que se aplican en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a nivel internacional por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Actualmente, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito analiza estos argumentos junto con los que presentaron otras empresas y dependencias del Gobierno Federal como la SAGARPA; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Comisión Federal de Competencia Económica; la Secretaría de Salud y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Monsanto estará atento de la resolución que emitirá el Juez en los próximos días en la que definirá si mantiene o niega la suspensión de los permisos vigentes de liberación de maíz GM, así como la prohibición de revisar nuevas solicitudes y otorgar nuevos permisos por parte de la SAGARPA.
Fuente: Monsanto
