El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una segunda audiencia pública del proyecto de real decreto que regulará la concesión directa de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera, un paquete que supera los 4,7 millones de euros y que alcanza a ámbitos estratégicos como la modernización del regadío, la innovación agroalimentaria, la pesca, la industria alimentaria, los seguros agrarios, el desarrollo rural, la gastronomía o el cooperativismo.
El trámite, abierto desde el 1 hasta el 9 de julio, se ha activado después de que el texto haya incorporado cambios tras una primera fase de audiencia pública. La medida se encuentra aún en fase de proyecto normativo, por lo que deberá completar su tramitación antes de su aprobación definitiva.
Ayudas directas para entidades de ámbito nacional
El borrador plantea canalizar estas subvenciones mediante concesión directa, al considerar que concurren razones de interés público, social y económico y que las entidades beneficiarias desarrollan actuaciones de alcance general para el conjunto del sector agroalimentario, pesquero y rural. El propio texto justifica la gestión centralizada por el carácter supraautonómico de las ayudas y por tratarse de actuaciones con impacto en todo el territorio nacional.
Entre las entidades previstas figuran FENACORE, para acciones de formación, asesoramiento y apoyo a las comunidades de regantes y para la celebración del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes; la Red Estatal de Desarrollo Rural y la Red Española de Desarrollo Rural, para actuaciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible; y la Red de Espacios Test Agrarios, con acciones vinculadas al relevo generacional en el sector agrario.
El proyecto también incorpora líneas para el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, orientadas a dinamizar el ecosistema de innovación agroalimentaria y el denominado Sandbox Agrifoodtech; así como para AMETIC, con iniciativas relacionadas con Spain AgriFoodTech Nation y con un foro tecnológico iberoamericano sobre agritecnología digital y riego inteligente.
Industria alimentaria, cooperativas y pesca
Una de las partidas de mayor cuantía corresponde a Cooperativas Agro-alimentarias de España, con más de 1,17 millones de euros para actividades de competitividad, modernización, formación, igualdad y relevo generacional en los consejos rectores. Además, la organización recibiría otra línea de 215.500 euros para actuaciones de fomento y apoyo a los seguros agrarios.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, figura también entre las beneficiarias, con una subvención de 580.949,60 euros destinada a actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario. En el ámbito pesquero y científico, el borrador prevé 300.000 euros para la Fundación AZTI, destinados al desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía.
El paquete contempla, además, ayudas para el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, CEIGRAM, de la Universidad Politécnica de Madrid, con 93.000 euros para dar continuidad a su actividad investigadora, formativa y divulgativa en materia de riesgos agrarios y medioambientales.
Gastronomía, caza y patrimonio rural
El texto incluye también líneas vinculadas a la promoción de la gastronomía y de los alimentos españoles, con ayudas para la Fundación Dieta Mediterránea, la Real Academia de Gastronomía, la Confederación Empresarial de Hostelería de España, la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas, la Fundación para la Cultura del Vino y la Universidad de Barcelona, dentro de actuaciones relacionadas con el Plan Internacional de la Gastronomía Española.
En materia cinegética, el proyecto incorpora subvenciones para el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC, y para la Fundación Artemisan, destinadas a actividades de asesoramiento científico y apoyo técnico sobre especies cinegéticas con interés poblacional o en situación poblacional insegura.
El borrador prevé que las entidades beneficiarias dispongan de un plazo de 15 días desde la entrada en vigor del real decreto para presentar la solicitud, junto con la documentación correspondiente. Las ayudas podrán abonarse de forma anticipada, aunque estarán sujetas a justificación, control financiero y publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
