Tras más de 3 años de negociación, el pleno del Parlamento Europeo (PE) ha ratificado en Estrasburgo la reforma de la PAC que se aplicará a partir de 2023, aprobando por una holgada mayoría los reglamentos de planes estratégicos, el reglamento horizontal y el reglamento de la OCM de Mercados Agrarios.
De esta manera se abre la puerta a que España presente su Plan Estratégico PAC y el sector consiga un marco estable para los próximos años.
La nueva reforma incluye cuestiones positivas, muchas de ellas coincidentes con las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Entre ellas destacan la incorporación de las intervenciones sectoriales, que fomentan la estructuración económica del sector a través de las Organizaciones de Productores (OPs) para que estos avancen en la cadena de valor y la equilibren a través del desarrollo de Planes Operativos cofinanciados con fondos comunitarios, lo que supone extender el sistema de Frutas y Hortalizas a otros sectores.
También se incluyen cuestiones importantes para los cultivos mediterráneos, como el mantenimiento del sistema de Frutas y Hortalizas basado en OPs sin límite presupuestario, la inclusión del aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM de Mercados Agrarios para mejorar su regulación en tiempos de crisis, o la extensión del sistema de autorizaciones de plantación en el viñedo hasta 2045.
Sin embargo, el sector productor deberá hacer frente a grandes retos medioambientales y climáticos expresados en las estrategias De la Granja a la Mesa y para la Biodivesidad 2030, que buscan el cambio del modelo productivo hacia una mayor exigencia medioambiental, al tiempo que las cooperativas agroalimentarias y sus socios deberán mejorar su eficiencia productiva y económica para poder seguir siendo rentables en el mercado.
La nueva PAC cuenta con objetivos medioambientales muy ambiciosos, lo que se conoce como la “arquitectura verde”, que incluye la condicionalidad reforzada, que supone la inclusión del actual greening como una obligación para el productor sin ayudas vinculadas, y el diseño de los eco-esquemas, que implicarán pagos compensatorios para aquellos productores que decidan incluir prácticas medioambientales en sus explotaciones cuando estas van más allá de la legislación básica en materia de sostenibilidad ambiental.
Cooperativas Agro-alimentarias de España está plenamente comprometida con el Pacto Verde de la UE y la lucha contra el cambio climático, pero llama la atención sobre la necesidad de una buena planificación económica en el mercado, inversión pública y tiempo para aplicarla, donde las cooperativas serán fundamentales para que todos los productores se puedan subir al barco del nuevo modelo productivo.
También es necesario seguir trabajando en reequilibrar la cadena de valor para repartir los costes del cambio de manera justa, y que no sean solamente los productores los únicos que paguen los bienes públicos producidos para toda la sociedad.
Por último, será necesario la reciprocidad real en el comercio internacional a través de cláusulas espejo en las importaciones, para que estas cumplan con los mismos requisitos que el productor europeo desde el campo hasta la mesa.
Los objetivos medioambientales y de cambio climático no se alcanzarán en el sector agrícola y ganadero si nuestros agricultores y ganaderos no obtienen rentabilidad. No podrá haber objetivos verdes con números rojos.
