La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) ha solicitado al Gobierno español que impulse medidas concretas para que los productos agrícolas importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios que se aplican en la Unión Europea.
La petición sigue la línea adoptada recientemente por Francia, que el pasado 5 de enero aprobó un decreto destinado a impedir la entrada en su territorio de productos alimentarios provenientes de terceros países que contengan residuos de sustancias prohibidas en la UE.
Según denuncian los productores canarios, la normativa europea actual permite que las bananas importadas contengan hasta nueve sustancias activas prohibidas dentro de la Unión por su toxicidad o riesgo ambiental, entre ellas el miclobutanilo, la clofentezina o los ditiocarbamatos. Esto es posible porque, aunque el uso de estas materias activas esté prohibido en la UE, se mantiene un Límite Máximo de Residuos (LMR) para importaciones, lo que permite introducir la fruta legalmente siempre que no se supere dicho límite.
José Carlos Rendón, presidente de ASPROCAN, señala que esta situación “genera un agravio comparativo muy claro: el productor europeo no puede usar estas sustancias por sus riesgos, pero el peligro que motivó su prohibición no impide la entrada de producto extranjero que las contiene”.
El análisis de la asociación identifica además otras 17 sustancias activas adicionales que pueden utilizarse en bananas importadas pero que no están autorizadas para el Plátano de Canarias, aumentando la brecha regulatoria y el desequilibrio competitivo.
ASPROCAN ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Agricultura medidas para garantizar la equidad normativa, incluyendo la limitación de la entrada de frutas con residuos de sustancias no autorizadas y la equiparación de los LMR a toda la producción ofrecida en la UE.
“Defender la producción europea, como el Plátano de Canarias, es defender un modelo agrícola seguro, sostenible y comprometido con el territorio. No podemos permitir que se nos penalice por cumplir con los valores y normas que defendemos como europeos”, concluye Rendón.
