Cooperativas Agro-alimentarias de España ha fijado su posición ante la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común para el periodo 2028-2034 en un momento especialmente complejo para el sector agroalimentario. La agricultura y la ganadería europeas afrontan una combinación de retos productivos, climáticos, comerciales, demográficos y regulatorios que exigen políticas estables y verdaderamente europeas. En este contexto, se considera que la futura PAC debe reforzar la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica de la Unión Europea y la capacidad del sector para adaptarse a un entorno cada vez más incierto.
La organización parte de un diagnóstico claro: la propuesta de la Comisión Europea no constituye una simple actualización de la PAC, sino un cambio profundo en su gobernanza, financiación y arquitectura jurídica. La integración de la política agraria en un fondo único multisectorial, la fusión de los actuales pilares y el mayor margen de decisión otorgado a los Estados miembros pueden alterar el equilibrio sobre el que se ha construido históricamente la PAC. Por ello, se advierte de que la simplificación administrativa no puede traducirse en pérdida de identidad, inseguridad presupuestaria o fragmentación del mercado único.
Una PAC común, con presupuesto propio y reglas homogéneas
Una de las principales preocupaciones se centra en la posible pérdida de la PAC como política genuinamente común. El paso a un fondo único, con sobres nacionales y prioridades potencialmente divergentes, incrementaría el riesgo de renacionalización de las ayudas. Desde esta perspectiva, la futura PAC debe disponer de un presupuesto propio, estable, suficiente y claramente identificable, gestionado con criterios agrarios y con una gobernanza en la que las autoridades especializadas mantengan un papel central.
La organización también considera preocupante que determinadas medidas, antes financiadas plenamente por la Unión Europea, puedan depender ahora de cofinanciación nacional. Si esta cofinanciación no es obligatoria, homogénea y de idéntica intensidad en todos los Estados miembros, podrían generarse diferencias relevantes en el acceso a las ayudas y en los niveles de apoyo público. Ello afectaría a la igualdad de condiciones entre productores y operadores europeos, abriría la puerta a una Europa a distintas velocidades y debilitaría el funcionamiento del mercado único.
Asimismo, el marco financiero planteado resulta insuficiente para responder a los retos actuales. La reducción efectiva de la ambición presupuestaria agraria y la dispersión de los fondos dificultan el seguimiento de los recursos realmente destinados al sector. Por tanto, se reclama que la parte reservada del presupuesto agrario incluya todas las medidas esenciales de la PAC actual, con especial atención a aquellas que generan impacto estructural y no solo apoyo coyuntural a la renta.
Inversiones cooperativas y medidas estructurantes
Una de las prioridades centrales es garantizar que las inversiones realizadas por cooperativas agroalimentarias y sus filiales continúen siendo elegibles dentro del presupuesto agrario reservado. Estas inversiones no se conciben como actuaciones ajenas al productor, sino como instrumentos colectivos al servicio de agricultores y ganaderos. La modernización de almazaras, bodegas, centrales hortofrutícolas, industrias lácteas, mataderos u otras instalaciones cooperativas permite generar valor añadido, mejorar la comercialización, retener actividad económica en el medio rural y reforzar la posición de sus socios y socias en la cadena alimentaria.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España en un contexto de recursos limitados, la PAC debe priorizar herramientas capaces de multiplicar el impacto de los fondos públicos. El modelo cooperativo, las organizaciones de productores, la cooperación económica y los proyectos de integración empresarial permiten ganar escala, reducir costes, profesionalizar servicios, impulsar innovación y facilitar la adaptación climática y digital. Por esta razón, se solicita que la normativa identifique de forma expresa a las cooperativas, organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores como beneficiarias de las medidas pertinentes, evitando interpretaciones restrictivas que limiten el alcance de las ayudas.
La continuidad de estas inversiones también resulta clave para la integración cooperativa y para instrumentos como las Entidades Asociativas Prioritarias, que contribuyen a reducir la atomización del sector, mejorar la dimensión empresarial y fortalecer la renta de agricultores y ganaderos. Sacar estas actuaciones del presupuesto reservado obligaría a competir con otros sectores y prioridades no agrarias, bajo condiciones más inciertas y con mayor carga administrativa.
Programas operativos: preservar un modelo de éxito
El segundo gran eje de la posición de Cooperativas Agro-alimentarias de España se sitúa en las intervenciones sectoriales a través de programas operativos desarrollados por organizaciones de productores. Se valora positivamente que la Comisión Europea reconozca la utilidad de este instrumento y plantee su extensión a nuevos sectores, tras décadas de aplicación en frutas y hortalizas. Sin embargo, se advierte de que la flexibilización prevista puede desvirtuar un modelo que ha demostrado eficacia precisamente por su orientación económica, comercial y estructurante.
Para la organización, los programas operativos deben canalizarse a través de organizaciones de productores (OP) y asociaciones de organizaciones de productores (AOP) reconocidas, con verdadera capacidad comercial, control democrático de los productores, concentración de oferta y medios suficientes para ejecutar sus funciones. Abrir el acceso a figuras ambiguas o no reconocidas podría dispersar los fondos, reducir el incentivo a la organización económica y debilitar los objetivos de mejora de la posición de los productores en la cadena.
En materia de financiación, Cooperativas Agro-alimentarias de España reclama que la ayuda proceda del presupuesto agrario reservado, que las condiciones sean conocidas desde la aprobación del programa y que se garantice una intensidad mínima de apoyo público. El cálculo de la ayuda debe mantener una vinculación clara con el valor de la producción comercializada, con reglas comunes para todos los Estados miembros y sectores. Igualmente, se considera imprescindible asegurar disposiciones transitorias que permitan ejecutar hasta su finalización los programas plurianuales ya aprobados, evitando inseguridad jurídica y perjuicios para inversiones comprometidas.
En frutas y hortalizas, la prioridad consiste en mantener el nivel actual de apoyo, preservar el papel exclusivo de las OP y AOP reconocidas y recuperar de forma clara los objetivos económicos de los programas: planificación de la producción, concentración de la oferta, comercialización, mejora de la competitividad, calidad, innovación y adaptación a los mercados. En otros sectores, como aceite de oliva y aceituna de mesa, ovino y caprino, vacuno, leche, cereales, arroz, flores y plantas o patata, se propone avanzar hacia intervenciones sectoriales obligatorias cuando existan organizaciones de productores reconocidas.
Mercado, ganadería, relevo generacional y cohesión rural
La futura PAC también debe reforzar su dimensión económica y de mercado. Se plantea la necesidad de mecanismos de gestión de crisis más ágiles, capaces de responder a situaciones de volatilidad, perturbaciones comerciales, crisis sanitarias o impactos climáticos extremos. Asimismo, se defiende que las normas aplicables a la producción europea se tengan en cuenta en los productos importados que compiten en el mercado comunitario, con controles efectivos que preserven la competitividad y la seguridad de los consumidores.
En el caso de la ganadería, se reclama un tratamiento adaptado a su realidad productiva. El diseño tradicional basado en la hectárea ha dejado fuera o en desventaja a explotaciones con poca superficie admisible, modelos extensivos con dificultades específicas o producciones que generan servicios ecosistémicos no siempre reconocidos. La próxima PAC debe contemplar apoyos por unidad ganadera u otros instrumentos más justos, mantener las ayudas asociadas para sectores vulnerables y reforzar la respuesta ante enfermedades animales, tanto en prevención como en compensación de daños y restricciones.
El relevo generacional constituye otra prioridad, aunque se subraya que no bastará con aumentar el presupuesto. Será necesario rediseñar las ayudas para reducir burocracia, acompañar los proyectos empresariales, facilitar el acceso a tierra, tecnología y servicios, y reconocer las soluciones cooperativas para jóvenes y nuevas incorporaciones. Las cooperativas pueden desempeñar un papel clave mediante explotaciones en común, secciones de cultivo, iniciativas de movilización de tierras, asesoramiento especializado y estructuras que aporten estabilidad a quienes se incorporan al sector.
La organización también valora que la propuesta integre medidas en favor de la igualdad de género, la inclusión social, la conciliación y la mejora de oportunidades para las mujeres en el sector agrario. Del mismo modo, se considera necesario reconocer plenamente la insularidad y garantizar la continuidad del POSEI para Canarias e Islas Baleares, con financiación adecuada para compensar sobrecostes, apoyar la producción local y sostener actividades agrarias estratégicas en territorios especialmente vulnerables.
Una posición constructiva para una negociación decisiva
La posición trasladada se configura como una contribución constructiva al debate europeo. No se limita a rechazar riesgos, sino que propone orientar la PAC hacia instrumentos que estructuren el sector, fortalezcan la capacidad negociadora de los productores y refuercen la resiliencia de las cadenas agroalimentarias. La seguridad alimentaria, la autonomía estratégica, la cohesión territorial y la competitividad de agricultores y ganaderos dependen de que la PAC 2028-2034 conserve su naturaleza común y disponga de herramientas estables, comprensibles y financiadas adecuadamente.
En definitiva, Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende una PAC europea, con reglas homogéneas, presupuesto suficiente y capacidad real para impulsar inversiones, integración cooperativa, programas operativos, relevo generacional, sostenibilidad y gestión de riesgos. La negociación iniciada será determinante para evitar una política agraria fragmentada y para asegurar que el sector agroalimentario europeo pueda seguir produciendo alimentos, generando valor y manteniendo vivo el medio rural en un escenario de incertidumbre creciente.
