Francia ha movilizado más de 1.000 millones de euros para auxiliar a las explotaciones afectadas por un verano marcado por sucesivas olas de calor, una sequía excepcional y numerosos incendios. El objetivo inmediato es evitar el cierre de explotaciones con problemas de liquidez, pero también garantizar que puedan afrontar la próxima campaña y mantener la capacidad productiva del país.
La dimensión del paquete refleja la gravedad de los daños. Según el Ministerio francés de Agricultura, el 65 % del territorio ha sufrido una sequía sin precedentes y 95 departamentos han estado sometidos a restricciones de agua. De ellos, 79 llegaron a encontrarse en situación de “crisis” durante los momentos más difíciles del verano.
En numerosos territorios, las pérdidas medias de rendimiento alcanzan el 50 %, mientras que las reservas de forraje han caído por encima de ese porcentaje en algunas regiones. El deterioro afecta tanto a los cultivos como a la ganadería y compromete la disponibilidad de alimento para los animales durante los próximos meses.
Indemnizaciones y ayudas para reanudar la producción
La principal partida corresponde al sistema francés de Indemnización de Solidaridad Nacional, para el que se calcula una movilización inicial de 520 millones de euros. El Gobierno ha anunciado que acelerará la tramitación y el pago de estas compensaciones. En el caso de las explotaciones aseguradas, los anticipos podrán alcanzar el 80 % del importe previsto, frente al límite anterior del 70 %.
A esta cantidad se añaden 30 millones de euros destinados a las pérdidas no asegurables en cultivos permanentes, viñedo y explotaciones ganaderas, así como más de 300 millones en reducciones del impuesto sobre las propiedades no edificadas.
El segundo gran eje del programa es un fondo de 235 millones de euros para facilitar la reactivación de las explotaciones. Las ayudas serán gestionadas territorialmente y podrán emplearse en la compra de alimento para el ganado, forrajes, semillas, plantas y otros insumos necesarios para iniciar un nuevo ciclo productivo. La dotación también incluye una línea específica para las explotaciones afectadas por los incendios.
Las medidas se completan con 20 millones de euros para aliviar las cotizaciones sociales agrarias y con la posibilidad de establecer calendarios individualizados de pago para quienes atraviesen mayores dificultades económicas.
El Gobierno francés ha prorrogado, además, hasta el 31 de diciembre el programa de ayuda para la compra de fertilizantes nitrogenados, dotado con 145 millones de euros, y hasta octubre la bonificación de 15 céntimos por litro de gasóleo agrícola, cuyo coste total se cifra en 106 millones.
De la emergencia climática a la continuidad de las explotaciones
El plan no se limita a compensar los daños ya ocasionados. Francia considera que la caída de las cosechas, la falta de forrajes y el encarecimiento de los insumos pueden impedir que parte de las explotaciones vuelva a producir en 2027.
Las autoridades francesas estiman que entre 30.000 y 35.000 explotaciones atraviesan dificultades financieras. Las organizaciones agrarias elevan, por su parte, las pérdidas de producción por encima de los 10.000 millones de euros, con daños superiores a 5.000 millones tanto en la agricultura como en la ganadería.
El impacto también comienza a reflejarse en sectores concretos. La producción francesa de vino podría situarse este año en 33,9 millones de hectolitros, uno de sus niveles más bajos de las últimas tres décadas, un 6 % menos que en 2025 y un 17 % por debajo de la media de los cinco años anteriores.
Una referencia para el debate agrario europeo
La respuesta francesa introduce un elemento más en el debate europeo sobre competitividad, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Aunque los sistemas de apoyo nacionales no son directamente comparables, el paquete reúne en una única estrategia indemnizaciones, fiscalidad, cotizaciones sociales, financiación de insumos y medidas para asegurar la continuidad de la producción.
España dispone de un modelo propio basado en los seguros agrarios combinados y en ayudas extraordinarias aprobadas para territorios o episodios meteorológicos concretos. La iniciativa francesa, sin embargo, plantea hasta qué punto los Estados miembros cuentan con instrumentos suficientemente ágiles para afrontar daños que ya no son excepcionales y que afectan de manera simultánea a las cosechas, los costes y la viabilidad financiera de las explotaciones.
Francia ha optado por responder a esa amenaza con una intervención de gran escala. Su aplicación y su encaje en las normas europeas de apoyo público constituirán una referencia para otros países agrícolas de la Unión.
