El preacuerdo promovido por el Ministerio de Agricultura entre los distintos eslabones de la cadena de valor láctea se basa en el compromiso de la industria por la transparencia en las relaciones comerciales con los ganaderos publicando las cotizaciones a las que vende la leche a la distribución y compartiendo la revalorización del precio con los productores. El Gobierno trabaja, mientras, en un contrato tipo que salve el que se tiren por el suelo los precios en origen. Unas organizaciones de productores, cautelosas, piden más garantías para firmar el acuerdo, que apunta a cerrarse a principios de octubre. Sus protestan continuan.
Las OPAS no se fían de las declaraciones de intenciones de la industria y a distribución. “Es muy genérico, no hay concreción en precios y costes de producción”, criticó Miguel Blanco, el secretario general de la organización de productores COAG, que no apoya el pacto porque “entendemos que no responde a lo que en este momento están exigiendo los ganaderos”. Otra organización, UPA, tampoco lo hará hasta que no se recojan en el texto “condiciones irrenunciables que den garantías a los productores”, explicó Lorenzo Ramos, su secretario general. Quieren “un texto que comprometa a los responsables de la crisis a acabar con ella, terminando con las prácticas abusivas de la gran distribución, eliminando las presiones y amenazas de la industria sobre los ganaderos y recuperando el precio en origen de la leche hasta niveles que como mínimo cubran los costes de producción”, según UPA.
“Estamos trabajando para que el sector lácteo sea sostenible en todos sus eslabones” afirmó el presidente de INLAC, Ramón Artime (ASAJA). La Organización Interprofesional INLAC es muy consciente de la grave situación que están atravesando los ganaderos y está convencida de que este acuerdo aliviará la situación en la que se encuentran algunas explotaciones. Cooperativas Agro-alimentarias de España manifestó que es “favorable al acuerdo con la introducción de una serie de concreciones, en particular sobre el concepto de sostenibilidad y primeros compradores, a fin de garantizar su cumplimiento por parte de todos los operadores del sector”.
Reunión de la ministra de Agricultura con INLAC
Estas reacciones se recabaron al término del encuentro entre la ministra de Agricultura española, Isabel García Tejerina con representantes de la INLAC, que agrupa a ganaderos e industrias, y de las organizaciones de la distribución Anged, ACES y Asedas. Fue una reunión con el objetivo de alcanzar un compromiso para dar estabilidad, sostenibilidad y transparencia a la cadena de valor, fruto de un borrador de acuerdo, presentado por el Gobierno el 18 de agosto pasado, en el que el sector lleva trabajando desde entonces.
Por un lado, la distribución se comprometió en dar valor a los productos lácteos para que no se utilicen como reclamo. El acuerdo propone que las relaciones comerciales sean más estables, que los acuerdos comerciales con la industria sean a más largo plazo, es decir, que la distribución y la industria se puedan planificar. Se trata de dar estabilidad a las compras con contratos a más largo plazo a lo largo de toda la cadena alimentaria, según informa el Gobierno.
En relación con el compromiso de la industria, la ministra española señalo que se trabaja en un contrato tipo para dar transparencia a las relaciones entre la industria y los ganaderos. Asimismo, la industria también se compromete a trasladar a los ganaderos parte de las mejoras que obtengan de las relaciones comerciales con la distribución.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura se compromete a hacer un seguimiento puntual del cumplimiento del acuerdo En este sentido, García Tejerina subrayó en el próximo real decreto que va a regular el conocimiento de los precios de cesión a la industria. Así, el Observatorio de la Cadena Alimentaria será el responsable de analizar periódicamente la cadena de valor de la leche líquida para poder disponer de datos e información actualizada sobre los precios y las rentabilidades de los distintos eslabones de la cadena.
García Tejerina destacó que, mientras se firma el acuerdo alcanzado en primera instancia y la Comisión Europea termina de perfilar el paquete de medidas cuantificado en 500 millones de euros, el Gobierno trabaja para inyectar liquidez a las explotaciones ganaderas que están en dificultades. Esta liquidez se va a facilitar a través de la ayuda de 300 euros por vaca para aquellas explotaciones que están vendiendo por debajo de los costes de producción, y de las ayudas para aquellas que no cubren los costes de amortización de las inversiones realizadas en sus explotaciones.
