El precio medio de la tierra agrícola en España ha alcanzado en 2024 los 10.248 euros por hectárea, lo que supone un incremento del 2,8 % en precios corrientes y del 0,5 % en precios constantes respecto al año anterior, según la Encuesta sobre Precios de la Tierra de Cultivo publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Este dato confirma la tendencia ascendente del valor de la tierra agrícola iniciada en 2020, con un incremento acumulado del 13,8 % en los últimos cuatro años, impulsado por el interés inversor, la presión sobre suelos productivos y la diversificación hacia cultivos más resilientes al cambio climático.
Por tipo de cultivo, el mayor repunte de precios se ha dado en los frutos secos de secano, con un aumento del 6,7 % hasta los 7.261 €/ha, en línea con la creciente demanda del sector agroalimentario y las políticas de apoyo a cultivos de bajo consumo hídrico. Le siguen el arroz (+5,1 %), los cultivos bajo plástico y tropicales/subtropicales (+4,7 %) y las plataneras (+2,8 %).
En contraste, destaca la caída del 5,7 % en el precio del viñedo de regadío, arrastrado por el contexto de sobreoferta en algunas zonas vitivinícolas y la incertidumbre del mercado. También retroceden los cultivos de huerta, con una bajada del 1,9 %.
A escala regional, Canarias lidera el ranking de precios con un valor medio de 148.415 €/ha, impulsado principalmente por el alto coste del suelo destinado a plataneras. Le sigue la Región de Murcia, con 33.180 €/ha, marcada por la alta presión urbanística y el valor estratégico de cultivos intensivos y bajo invernadero.
En el extremo opuesto, los precios más bajos se localizan en zonas cerealistas de secano, como Castilla y León (5.115 €/ha) y Aragón (5.175 €/ha), donde la rentabilidad por hectárea es menor y el relevo generacional, limitado.
El informe del MAPA se basa en el análisis de 70.727 transacciones de compraventa de tierras agrarias registradas en 2024, sumando 218.745 operaciones en el periodo 2022-2024. Los datos proceden de la Dirección General del Catastro, a partir de la información facilitada por fedatarios públicos —salvo en País Vasco y Navarra—, lo que otorga al estudio una sólida base metodológica.
