La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la entrada en vigor del veto a las importaciones de carne de Brasil —efectivo desde el 3 de septiembre— es un “acto de justicia tardío pero insuficiente” y exige que la medida se extienda a todo el bloque del Mercosur, incluyendo Argentina, Uruguay y Paraguay. La organización sostiene que las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en materia de trazabilidad, sanidad, bienestar animal, deforestación y uso de promotores de crecimiento no son exclusivas de Brasil y que el riesgo para el mercado comunitario es estructural.
El responsable de vacuno de carne de COAG, Joaquín Gargallo, recuerda que la auditoría publicada por Bruselas en febrero ya evidenció fallos graves en los controles brasileños, permitiendo la entrada en la UE de carne que no garantizaba el cumplimiento de la normativa higiénico‑sanitaria exigida a los productores europeos. A ello se suman las conclusiones de la investigación de la organización irlandesa IFA, que señala diferencias sustanciales en bienestar animal y estándares ambientales entre los modelos de producción europeos y los de las granjas brasileñas.
“Es inadmisible el doble rasero de la Comisión Europea: a los ganaderos de la UE se nos exige un cumplimiento burocrático inflexible, mientras que a las multinacionales importadoras se les ha permitido operar durante meses sin garantías suficientes sobre sus proveedores”, denuncia Gargallo. COAG considera que esta asimetría ha permitido un dumping normativo que se ha trasladado directamente a las lonjas españolas, provocando un desplome de precios que afecta especialmente a las explotaciones familiares de vacuno.
La organización insiste en que el refuerzo de las inspecciones debe aplicarse de forma real y efectiva a cada partida importada, no solo a nivel documental. COAG ya reclamó en julio la activación de las cláusulas de salvaguardia previstas en el acuerdo, ante el hundimiento de las cotizaciones y la presión económica que sufren las ganaderías europeas.
Rechazo frontal al modelo de acuerdos sin reciprocidad
COAG reitera su rechazo al acuerdo UE‑Mercosur en su configuración actual, al considerar que carece de reciprocidad y transparencia. La organización defiende la necesidad de incorporar “cláusulas espejo” exigibles y vinculantes que garanticen que cualquier producto importado cumple exactamente los mismos estándares ambientales, sociales, de bienestar animal y de prohibición de biocidas y hormonas que se aplican en la UE.
“No podemos tolerar que la agricultura y la ganadería europeas se utilicen como moneda de cambio en acuerdos comerciales opacos”, subraya Gargallo, quien advierte de que el periodo transitorio del tratado ha sido aprovechado por grandes operadores para acelerar importaciones antes de la entrada en vigor de controles más estrictos, distorsionando aún más el mercado.
COAG reclama a Bruselas que paralice definitivamente un acuerdo que, a su juicio, vulnera la soberanía alimentaria europea y pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones. “No nos podemos permitir la pérdida de ninguna ganadería por competencia desleal”, concluye Gargallo.
