La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado un nuevo llamamiento urgente a las administraciones españolas y europeas para suspender el contingente preferencial de aceite de oliva de Túnez, cuya entrada libre de aranceles está generando lo que la organización ha denominado “el fenómeno del aceite fantasma tunecino”: decenas de miles de toneladas de aceite que entran en la Unión Europea sin los mismos requisitos de trazabilidad, origen y controles que se exigen a los productores comunitarios, y cuyo destino final resulta opaco para consumidores, autoridades y el propio sector.
56.700 toneladas que entran sin arancel… pero desaparecen del etiquetado.
Cada año, el contingente autorizado permite la entrada en la UE de hasta 56.700 toneladas de aceite de oliva virgen tunecino a granel libre de impuestos. Esta cifra, que se agota sistemáticamente al inicio del periodo gracias a un procedimiento con escasas restricciones, se suma a las exportaciones ordinarias, en un contexto en el que Túnez destina el 80% de su producción al mercado comunitario.
Sin embargo, COAG advierte de una anomalía evidente: “si España es el principal o segundo comprador de aceite tunecino, ¿por qué no aparece prácticamente en ninguna etiqueta? ¿Dónde está y cómo se comercializa ese aceite?”.
La organización señala que el aceite tunecino entra a gran volumen, pero no se identifica en los lineales ni en los productos finales, lo que indica que podría estar siendo mezclado, re-etiquetado o triangulado sin que el consumidor sea consciente del origen real del producto que compra.
Un agujero negro en la trazabilidad europea
COAG denuncia que las importaciones preferenciales desde Túnez no están sujetas a los mismos requisitos de trazabilidad y origen que deben cumplir los agricultores europeos. Mientras el sector español se enfrenta a controles exhaustivos, certificaciones y obligaciones estrictas de información al consumidor, el aceite importado a bajo coste entra en el mercado con normas más laxas, generando:
• Competencia desleal frente a productores europeos.
• Distorsión grave de los precios nacionales e internacionales.
• Riesgo de triangulaciones hacia terceros países, como Estados Unidos, eludiendo aranceles.
• Falta de transparencia para el consumidor, que desconoce realmente lo que está comprando.
Según datos del Observatorio Nacional de la Agricultura (ONAGRI), Túnez exportó entre agosto de 2024 y agosto de 2025 210.700 toneladas de aceite de oliva, de las cuales la mayor parte tuvo como destino la UE. “Si la capacidad exportadora crece año tras año sin necesidad de aumentar los contingentes, y aun así se habla de ampliarlos a 100.000 toneladas, ¿qué está ocurriendo realmente con ese aceite? ¿Quién lo compra? ¿Cómo se vende? ¿A nombre de quién sale del país?”, plantea la organización.
COAG pide actuaciones inmediatas a la UE y al Gobierno español:
1. Suspender el contingente preferencial de aceite tunecino mientras no se garantice una trazabilidad equivalente a la exigida en la UE.
2. Paralizar el perfeccionamiento activo y los depósitos aduaneros, que permite introducir aceite extracomunitario para su posterior exportación como producto transformado europeo.
3. Realizar controles exhaustivos de trazabilidad sobre todo el aceite de oliva importado, especialmente en Andalucía.
4. Abrir una investigación desde Competencia y Consumo sobre posibles prácticas que alteren el mercado o engañen al consumidor.
”No es una protesta: es una defensa del mercado y del consumidor. Si los agricultores españoles cumplen cada norma, todos deben cumplirlas. Y si el aceite está etiquetado de forma correcta, entonces no habrá nada que temer”, ha subrayado Francisco Elvira.
Un sector tensionado y una responsabilidad compartida
Para COAG, la existencia de un “aceite fantasma” que entra sin aranceles y sin controles equivalentes supone un riesgo económico y reputacional para el aceite de oliva español y europeo. La organización advierte de que esta situación abarata artificialmente el mercado interior, facilita operaciones especulativas y perjudica gravemente a miles de agricultores que sí cumplen la normativa. “La trazabilidad no puede tener doble rasero. O es para todos, o deja de ser un sistema creíble”, subraya Elvira.
