La prórroga de las ayudas al combustible hasta el 31 de diciembre no ha logrado rebajar el malestar en el sector primario. El campo mantiene las movilizaciones ante el incremento de sus costes de producción, mientras la Confederación Española de Pesca (Cepesca) advierte de que el apoyo aprobado resulta insuficiente para compensar el encarecimiento del gasóleo que soporta la flota.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley que prolonga durante el último trimestre de 2026 las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a los sobrecostes energéticos derivados de la crisis en Oriente Medio. La ampliación supone 67 millones de euros adicionales, 52 millones destinados al gasóleo agrario y 15 millones al pesquero.
Con esta nueva dotación, el Gobierno cifra en 209 millones de euros el presupuesto acumulado para amortiguar el impacto del combustible sobre ambos sectores: 159 millones corresponden al ámbito agrario y 50 millones al pesquero.
El campo mantiene las movilizaciones
En agricultura, la prórroga conserva la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo B, articulada mediante el procedimiento de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. Es precisamente el mantenimiento de esta cuantía el que ha provocado el rechazo del sector.
Las organizaciones agrarias consideran que prolongar una ayuda establecida hace seis meses sin revisar su importe no responde a la evolución posterior de los costes. Según los datos difundidos por el sector, el gasóleo agrícola se encuentra actualmente un 51 % por encima de su precio de hace un año.
El calendario tampoco es menor. La extensión de las medidas coincide con meses de elevada actividad y consumo de combustible en numerosas explotaciones, con la sementera en marcha, trabajos relacionados con la vendimia y el maíz y la proximidad de la campaña de aceituna.
A la factura energética se suma la evolución de otros insumos. Los cálculos aportados por las organizaciones agrarias sitúan actualmente en 766,93 euros el coste de producción de una hectárea de cereal de secano, frente a los 630,75 euros de hace un año. Son 136,18 euros más por hectárea, un incremento del 21,6 %.
El sector cifra, además, en un 20 % el encarecimiento del abonado durante este periodo. Frente a esta evolución de los costes, señala que el precio percibido por el trigo ha aumentado un 14 %, una diferencia que, según denuncia, continúa estrechando los márgenes de las explotaciones.
La respuesta será mantener las protestas. Las organizaciones agrarias tienen previsto reunirse en los próximos días para concretar un nuevo calendario de movilizaciones, en el que se plantea una gran concentración ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de acciones en diferentes comunidades autónomas.
La pesca reclama duplicar la ayuda
La reacción del sector pesquero apunta en la misma dirección. Cepesca considera necesaria la continuidad de las ayudas, pero cuestiona que mantener su cuantía permita responder al escenario actual de costes.
La Confederación sitúa el precio medio del gasóleo pesquero por encima de 1,30 euros por litro, con cotizaciones que alcanzan los 1,40 euros en determinados puertos. Tomando como referencia los 0,70 euros por litro utilizados por el Gobierno, Cepesca calcula un incremento de 60 céntimos y sostiene que la ayuda actual de 20 céntimos compensa menos de un tercio de esa diferencia.
Su informe técnico estima que pasar de 0,70 a 1,30 euros por litro representa un aumento del 85,71 % en el coste del combustible. En los perfiles de consumo analizados para buques de palangre y arrastre de Gran Sol, la organización calcula sobrecostes anuales de entre 188.100 y 567.000 euros.
Ante esta situación, Cepesca reclama elevar la ayuda hasta un mínimo de 40 céntimos por litro y modificar también su aplicación. La organización propone calcular el apoyo conforme al consumo efectivo de cada embarcación, en lugar de utilizar medias estadísticas por segmentos de flota, y aplicarlo directamente como descuento en el momento de repostar en los puertos españoles.
La patronal pesquera suma otras dos demandas: la exoneración temporal hasta final de año de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores del sector y la creación del Registro Especial de la flota de altura y gran altura.
Riesgo de reducir la actividad de la flota
Cepesca advierte de que la presión del combustible puede terminar condicionando la actividad de determinados buques. Cuando los ingresos de una marea no permiten cubrir sus costes, señala la Confederación, las empresas pueden verse obligadas a reducir salidas, aplazarlas o mantener los barcos amarrados.
Una situación que, según la organización, tendría efectos más allá de las propias empresas armadoras, al repercutir sobre el empleo a bordo y en tierra, la actividad de lonjas y puertos y la disponibilidad de pescado de proximidad.
El secretario general de Cepesca, Javier Garat, sostiene que mantener las ayudas era necesario, pero reclama adaptarlas a la situación actual. “Las ayudas deben ajustarse a la realidad del consumo de cada buque y llegar en el momento en que se afronta el gasto. Mantenerlas era imprescindible, pero no resolverá el problema si no se refuerzan”, afirma.
1.174 millones para agricultura y pesca
El Gobierno enmarca la ampliación dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Con las medidas aprobadas hasta ahora, cifra en 1.174 millones de euros las ayudas específicas movilizadas para los sectores agrario y pesquero.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura continúa desplegando la ayuda extraordinaria para la compra de fertilizantes, dotada con 665 millones de euros. A principios de septiembre se abonaron 494,5 millones a 249.376 agricultores y el Fondo Español de Garantía Agraria tiene prevista una segunda resolución de beneficiarios.
El Ejecutivo también ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los 50 millones de euros correspondientes a España de la Reserva Agrícola de la Unión Europea, que pueden utilizarse para complementar las ayudas destinadas a fertilizantes o costes energéticos.
La prórroga garantiza así la continuidad de los apoyos públicos durante los tres últimos meses del año, pero no cierra el conflicto abierto por el encarecimiento del combustible. El campo anuncia nuevas movilizaciones y la pesca reclama elevar y reformular las ayudas, situando nuevamente los costes de producción en el centro de las reivindicaciones del sector primario
