La Comisión Europea ha anunciado un paquete de medidas destinado a simplificar la legislación ambiental en ámbitos clave como emisiones industriales, economía circular, evaluaciones ambientales y datos geoespaciales. Siendo el objetivo reducir la carga administrativa para empresas y administraciones, al tiempo que se mantienen los altos estándares de protección ambiental y de salud pública de la UE, según ha comentado la comisión.
Las nuevas propuestas buscan acelerar los procesos de autorización de proyectos —especialmente en sectores estratégicos como las tecnologías digitales, las materias primas críticas o la vivienda asequible— y facilitar la transición hacia una economía europea más limpia y digital. Según la Comisión, la simplificación normativa es esencial tanto para cumplir los objetivos ambientales como para fortalecer la competitividad del bloque.
El Ejecutivo comunitario estima que las empresas podrán ahorrar alrededor de 1.000 millones de euros anuales gracias a estas medidas. Con ello, los ahorros acumulados derivados de iniciativas de simplificación se acercarán a 11.000 millones de euros al año, avanzando hacia el objetivo de alcanzar 37.500 millones de euros en reducción de costes administrativos antes de 2029.
El paquete legislativo se compone de seis propuestas y se basa en las aportaciones de la consulta pública lanzada el 22 de julio de 2025, que recibió más de 190.000 respuestas. La Comisión ha asegurado que seguirá trabajando en nuevas simplificaciones en los próximos años.
La propuesta plantea procedimientos más ágiles y digitalizados para la concesión de permisos, con puntos de contacto únicos y tramitaciones aceleradas. Se incluye además un conjunto de herramientas adicionales para proyectos estratégicos vinculados a la descarbonización, la eficiencia de recursos y la vivienda asequible.
Los cambios en la Directiva de Emisiones Industriales permitirán a las empresas mayor flexibilidad en la implementación de sus sistemas de gestión ambiental. Se eliminará la obligación de incorporar planes de transformación, se ampliarán los plazos para preparar los sistemas y se suprimirán auditorías independientes.
Agricultores y operadores acuícolas quedarán exentos de algunas obligaciones de reporte, lo que reducirá su carga administrativa. También se simplificarán las definiciones relacionadas con actividades agrícolas y se eliminarán duplicidades para explotaciones ecológicas.
La Comisión propone eliminar la base de datos SCIP sobre sustancias peligrosas en productos debido a su coste desproporcionado, sustituyéndola por herramientas digitales más eficaces como el Pasaporte Digital de Productos y el marco “Una Sustancia, Una Evaluación”.
En materia de responsabilidad ampliada del productor, se suspenderá la obligación de que empresas designen representantes en cada Estado miembro donde vendan productos, reduciendo gastos mientras avanza la armonización normativa en el marco de la futura Ley de Economía Circular.
Asimismo, se adaptarán los requisitos de la Directiva INSPIRE a las normas europeas sobre datos geoespaciales de alto valor, lo que reducirá los costes para las autoridades públicas y facilitará el acceso a estos datos tanto a usuarios públicos como privados.
La Comisión continuará analizando oportunidades de simplificación legislativa, con revisiones previstas en normativas como la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre Estrategia Marina. También se publicarán directrices para facilitar la aplicación del Reglamento de Envases y Residuos de Envases y se avanzará en la preparación de la futura Ley de Economía Circular, prevista para 2026.
El paquete legislativo presentado deberá ser ahora evaluado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.
