El sector cerealista de Castilla y León ha reclamado a la Junta un fondo extraordinario de 150 millones de euros que permita a las explotaciones afrontar los gastos de la sementera 2026/2027. La petición ha centrado la concentración celebrada este jueves, 27 de agosto, ante la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en Valladolid, con la participación de agricultores procedentes de las nueve provincias.
La movilización, convocada conjuntamente por Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, ha situado el foco en la falta de liquidez de las explotaciones después de varias campañas marcadas por los elevados costes de producción, los bajos precios del cereal y, este año, una cosecha notablemente inferior a la anterior.
Las organizaciones reclaman que la Junta habilite una cuantía similar al paquete de 150 millones de euros anunciado por el Gobierno central. El objetivo, según han defendido, es sostener prioritariamente a los agricultores profesionales y a las explotaciones familiares antes del comienzo de las labores de preparación del terreno y siembra.
Una cosecha de 4,9 millones de toneladas
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha cifrado en 4,9 millones de toneladas la cosecha regional, un 40 % menos que el pasado año. También ha situado el rendimiento medio en 3.100 kilos por hectárea y las pérdidas soportadas por el sector en alrededor de 300 millones de euros.
Estos cálculos, aportados por las organizaciones agrarias durante la protesta, dibujan una campaña especialmente complicada para las explotaciones de secano. Según Dujo, sus costes de producción han superado los 800 euros por hectárea, mientras que las cotizaciones del cereal se han mantenido en torno a los 200 euros por tonelada.
«El campo no aguanta más», ha advertido el dirigente agrario, quien considera que numerosas explotaciones no disponen actualmente de capacidad económica para asumir una nueva campaña.
La proximidad de la sementera convierte la falta de liquidez en la principal urgencia. Los agricultores deben afrontar en las próximas semanas la compra de semillas, fertilizantes y combustible, además de los costes de maquinaria y financiación, sin haber recuperado las pérdidas acumuladas durante las últimas campañas.
Las organizaciones ya habían solicitado al Ejecutivo autonómico un paquete específico para el cereal. Tras el Consejo de Gobierno del 20 de agosto, denunciaron que no se había aprobado ninguna medida directa para el sector y mantuvieron la convocatoria de Valladolid.
Ayudas dirigidas a profesionales y explotaciones familiares
El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha insistido en que el sector necesita ayudas directas y ha rechazado que estas sean sustituidas por otras fórmulas. Junto con el apoyo de emergencia, ha pedido una revisión del sistema de seguros agrarios para que las pólizas puedan cubrir rendimientos suficientes y actuar como una verdadera red de protección.
UCCL también ha reclamado que las ayudas de la Política Agraria Común se orienten hacia las personas que viven principalmente de la actividad agraria. La organización ha solicitado, además, controles sobre las importaciones y el cumplimiento de las mismas exigencias aplicadas a los cereales producidos en la Unión Europea.
Por parte de la Alianza UPA-COAG, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha asegurado que la comunidad ha perdido unas 300.000 hectáreas de cereal desde 2020. Rivera ha advertido de que la caída de la superficie puede acelerarse si los agricultores no encuentran rentabilidad ni financiación para continuar sembrando.
Castilla y León mantiene alrededor de dos millones de hectáreas con capacidad para producir cereal, según los datos expuestos durante la movilización. El cultivo sostiene, además, una amplia actividad económica vinculada a las cooperativas, la comercialización de semillas y fertilizantes, los productos fitosanitarios, la maquinaria agrícola y los servicios prestados en las zonas rurales.
Un plan específico para el cereal
El secretario de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha reclamado un plan dirigido especialmente a los agricultores a título principal y a las explotaciones familiares. La organización considera que este modelo es determinante para conservar la actividad económica y la población de los municipios rurales.
Las reivindicaciones incluyen también el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, un mayor control de las operaciones comerciales y medidas frente a las importaciones que no respeten las condiciones exigidas a los productores comunitarios.
Las organizaciones agrarias han dejado claro que la ayuda solicitada permitiría atender la urgencia de la próxima sementera, pero no resolvería por sí sola la crisis estructural del cereal. Por ello, han pedido la participación de las administraciones autonómica, estatal y europea en la elaboración de un plan que recupere la rentabilidad y frene la reducción de la superficie cultivada.
Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han anunciado que mantendrán las movilizaciones si no obtienen una respuesta concreta. El debate ya no afecta únicamente al resultado de la cosecha recién terminada: la cuestión inmediata es determinar cuántas explotaciones podrán financiar la campaña 2026/2027 y qué superficie de cereal de invierno llegará finalmente a sembrarse.
