La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera “claramente insuficientes” las cláusulas de salvaguardia aprobadas por el Parlamento Europeo dentro del tratado UE-Mercosur.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “la mejor garantía para proteger a los agricultores y ganaderos europeos es introducir medidas que establezcan la reciprocidad, es decir, que las importaciones de países terceros cumplan las mismas exigencias que los productos europeos, y la complementariedad con la producción europea, de manera que solo entren importaciones para complementar la demanda en Europa”.
Asimismo, AVA-ASAJA tacha estas cláusulas de “un parche justificativo para adelantar la puesta en marcha del tratado sin esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que primero debería avalar si cumple o no con los tratados comunitarios”. Por ello, la organización agraria reitera su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en los términos actuales y exige, mientras el TJUE realice su valoración, una revisión profunda que garantice una competencia justa y la viabilidad de los productos valencianos perjudicados por el tratado, especialmente ganadería, apicultura, arroz y cítricos.
Aguado reitera que “las cláusulas de salvaguardia no ofrecen garantías reales frente a un aumento súbito de importaciones que compiten en condiciones desiguales y desleales, con estándares productivos, fitosanitarios y ambientales muy por debajo de los exigidos en la UE. Además, son ambiguas en su aplicación, porque ¿qué referencia de precios se tomará para justificar que los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio comunitario? ¿Serán precios por semana o precios medios de campaña? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la investigación empiece, llegará cuando la campaña ya se haya finalizado? La burocracia europea anula la voluntad de los mecanismos, llega tarde a todo y siempre perjudica a los productores”.
El dirigente agrario reconoce el trabajo que está intentando impulsar el Parlamento Europeo para reconducir la situación de crisis que atraviesa el sector agrícola y ganadero, pero, en palabras de Aguado, “la Comisión Europea, que es la que manda, está llevando a cabo políticas y tratados comerciales con países terceros que nos están expulsando de nuestros campos y granjas. Algo no funciona cuando a Egipto le rebajan los controles pese a acumular hasta 180 detecciones anuales por presencia de residuos que superan el límite máximo permitido (LMR) y materias fitosanitarias cuyo uso está prohibido en la UE. Ya está bien de burlarse de los productores europeos”.
Según la votación de hoy del pleno del PE, la nueva normativa establece que la Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles, como carne de ave, vacuno, huevos, cítricos y azúcar, aumentan un 5% sobre la media de tres años (frente al 10% anual propuesto inicialmente por la Comisión) y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE.
Los Estados miembros, personas físicas o jurídicas que representen al sector, o una asociación que actúe en nombre de la industria podrán solicitar una investigación en caso de amenaza de perjuicio grave para el sector afectado. La Comisión deberá presentar un informe cada seis meses como mínimo al Parlamento con la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles.
