Las organizaciones agrarias consiguen el compromiso de Hacienda de aplicar una rebaja fiscal mediante la reducción de los módulos, si la Junta acredita daños del 30% en los municipios afectados.
Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG de Almería han dado un nuevo paso en su ‘Plan de Acción’ para lograr la corrección de la Orden HAC/408/2025, que regula la reducción de módulos en el régimen fiscal agrario, y de la que ha quedado excluido el sector hortícola almeriense. Esta mañana, responsables de ambas entidades se han reunido con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, para trasladar su preocupación por lo que consideran una “grave injusticia” que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones en la provincia.
Durante el encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, ASAJA y COAG insistieron en la necesidad de corregir una orden que, según denuncian, ignora los importantes daños sufridos por el sector agrícola almeriense debido a fenómenos meteorológicos adversos, plagas y virosis. Ambas organizaciones reclaman una rebaja fiscal justa y adaptada a la realidad del campo en la declaración de la renta de 2024.
En respuesta, el subdelegado del Gobierno se comprometió a trasladar al Ministerio de Hacienda la petición de modificación, y señaló que la rebaja fiscal será concedida si la Junta de Andalucía presenta un informe técnico actualizado que certifique una pérdida de producción superior al 30% en los municipios afectados. Esta certificación es un requisito técnico imprescindible para que Hacienda pueda justificar la revisión de la Orden de módulos.
Este compromiso se suma a los avances logrados a finales de la semana pasada, cuando ASAJA y COAG mantuvieron una reunión con la Delegación Territorial de Agricultura en Almería. En ese encuentro, el delegado territorial informó que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía registrará esta semana un informe que respalde oficialmente la pérdida de producción y permita justificar la reducción fiscal.
ASAJA y COAG han valorado positivamente la disposición institucional, pero han reiterado que es urgente que las administraciones estatal y autonómica trabajen de forma coordinada para poner fin a una situación que afecta a miles de agricultores en la provincia.
