La vendimia en Castilla y León comenzará en pocas semanas, ya que este año viene adelantada la campaña. ASAJA la califica de “difícil”, a tenor de los movimientos de los compradores, que están extendiendo cierta psicosis en el sector, con el objetivo de hundir los precios de la uva de forma generalizada, sin diferenciar zonas o calidades, lo que no responde a la realidad del mercado.
ASAJA de Castilla y León defiende un precio digno para la uva, especialmente la uva de calidad que se produce en la comunidad autónoma, un territorio en el que el 95 por ciento de la superficie de viñedo está incluida en denominaciones y sellos de calidad.
Esa uva certificada obliga al viticultor a mantener unos parámetros exigentes, que suponen unos costes de producción y certificación mayores que deben ser recompensados en el precio, por lo que no hay razones reales para que se pretenda aplicar ajustes como si fuera vino a granel.
Reclamaciones
Por ello, la organización agraria exige el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y poner el foco en tres aspectos que son irrenunciables para los viticultores: que se impida la venta a pérdidas, que todas las operaciones de venta estén amparadas por contrato, y que se pague la uva a treinta días. “Lo que sea saltarse cualquiera de estos puntos queda fuera de la legalidad, y la Administración debe actuar con contundencia”, afirma ASAJA, que añade que por desgracia todavía hay algunos casos de uva no cobrada de la campaña 2025.
Ante esta situación, ASAJA reclama al equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que “ponga desde ya todos sus medios para supervisar la campaña de compraventa de uva, y establezca los controles oportunos para que se cumpla la ley y no sea de nuevo el agricultor la parte esquilmada”.
