La UE impone medidas de salvaguardia respecto al arroz procedente de Camboya y Myanmar/Birmania

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Una investigación ha confirmado un aumento significativo de las importaciones en la Unión Europea de arroz del tipo «índica» procedente de Camboya y Myanmar/Birmania, que ha causado daños económicos a los productores europeos.

Por ello, la Comisión ha decidido reintroducir unos derechos de importación que se irán reduciendo de forma constante durante tres años.

De conformidad con la decisión de la Comisión, que será publicada en el Diario Oficial de mañana, la Unión Europea restablecerá a partir del 18 de enero el derecho de aduana normal para este producto, de 175 euros por tonelada en el primer año, que se reducirá a 150 euros por tonelada en el segundo año y a 125 euros por tonelada en el tercero.

Durante la investigación, que comenzó en marzo de 2018, la Comisión constató que el conjunto de las importaciones de arroz del tipo «índica» procedentes de estos dos países había aumentado un 89 % en las cinco últimas temporadas arroceras. Asimismo, la investigación puso de manifiesto que los precios eran sustancialmente más bajos que los del mercado de la UE e incluso habían disminuido durante el mismo período. Este gran incremento de las importaciones a bajo precio ha causado graves dificultades a los productores de arroz de la Unión, cuya cuota de mercado en la UE se redujo sustancialmente, del 61 % al 29 %.
Camboya y Myanmar/Birmania son beneficiarios del régimen comercial «Todo menos armas» (TMA) de la Unión, que concede unilateralmente un acceso libre de derechos y contingentes a los países menos desarrollados del mundo (excepto para armas y municiones). Este es uno de los pilares del sistema de reducción de aranceles del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países en desarrollo. Las medidas anunciadas hoy se toman sobre la base del mecanismo de salvaguardia del Reglamento SPG.

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Contexto
La solicitud inicial de establecer salvaguardias comerciales frente a las importaciones de arroz fue presentada en febrero de 2018 por el Gobierno italiano, apoyado por los demás Estados miembros arroceros (España, Francia, Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía y Bulgaria). La Comisión abrió una investigación formal el 16 de marzo de 2018. Las medidas se aplicarán durante tres años.
La decisión será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de enero y entrará en vigor al día siguiente.

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